Honduras: El derecho de elegir tu proveedor médico

Avatar Redaccion | May 6, 2015 122 Views 0 Likes 0 Ratings

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Por Jorge Colindres

Ante la crisis imperante en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) que se traduce en la falta de medicamentos, escasa cobertura médica, mala atención y otros temas que han puesto en precariedad la institución, el Poder Ejecutivo de la pasada administración se decidió al final del 2013 por la intervención de dicho instituto, poco antes de terminar su gestión.

El informe de la Junta Interventora reveló al país la crítica condición financiera en que se encontraba el IHSS (déficit de US$299 millones) producto de un sinnúmero de contratos no justificados y con indicios de una sobrevaloración de más de 40% respecto a los valores reales del mercado, malversación de fondos públicos, un desmesurado irrespeto por los procedimientos administrativos que dispone la Ley, pero sobre todo, un atropello a los contribuyentes del sistema de salud.

El fracaso del modelo de administración del IHSS viene por su estructura superior. La Junta Directiva del IHSS la componen representantes del gobierno central, federaciones sindicales y de los agremiados al Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), con un Director Administrativo nombrado por el Presidente de la República. Este formato de administración lo que ocasiona es un mecanismo donde hay demasiadas personas para apuntar dedos, y al afectar a tantos grupos diversos, todos prefieren dejar pasar el problema. Todas las personas con un trabajo formal en la economía están obligadas, junto a sus empleadores, a aportar al fondo del IHSS, creando una alta liquidez mensual de flujos de efectivo.

Todo se mantuvo así hasta el caso de corrupción que estalló a inicios del 2014. A finales del mismo año se presentó en el Congreso Nacional un proyecto de reforma integral al sistema de seguridad social impulsado por una comisión interventora y con visto bueno del Poder Ejecutivo. Sin embargo, este nuevo proyecto ha sido recibido por los diputados de la oposición con duras críticas, un fuerte rechazo y probablemente con una amplia falta de entendimiento que pone en perjuicio la transición a un modelo de seguridad social que mejore la calidad y amplíe la escasa cobertura de salud a un considerable número de hondureños.

El proyecto para la Ley Marco de Protección Social consiste incentivar la competitividad y con ello la calidad de los beneficios otorgados por el sistema de Seguridad Social. A tal efecto, uno de los elementos más innovadores que se introducen en el proyecto de Ley, es el reconocimiento al derecho de elegir consignado en su artículo 22. El artículo reconoce el derecho del asegurado cotizante a elegir en base a su criterio de la mejor oferta entre los diferentes gestores de servicios de salud (de carácter privado, público o mixto) que sean parte de la red de proveedores certificados por el IHSS, no como actualmente donde los abonados estamos obligados a usar los médicos y servicios del IHSS. El cotizante hará su elección en base a sus preferencias personales, considerando los beneficios ofrecidos y los profesionales adscritos, así como la atención que proveen los diferentes gestores de salud.

Pero no solo podrá el cotizante elegir su proveedor médico, sino que también podrá decidir libremente quién administrará los fondos que mensualmente aporta de su salario para pagar el seguro. Mediante la constitución de empresas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), los cotizantes podremos escoger quien administra el dinero de nuestro retiro. La competencia entre dichas empresas los hará ofrecer diferentes beneficios y servicios entre las que podemos escoger libremente. Si administran mal nuestro dinero, se los quitamos y lo ponemos en otro lugar con gente o empresas más responsables o talentosas.

Desde que se inauguró el IHSS en 1957, los hondureños hemos contribuido forzosamente  al sistema de seguridad social mediante deducciones mensuales de nuestro salario. La administración de estos fondos ha sido monopolizada por dicho instituto y después de 58 años los resultados son claros: corrupción, escasez, y quiebra, dejando a la mayor parte de la población hondureña sin acceso a la salud.

Uno pensaría que el sentido común y la experiencia dejarían claro lo sabio que sería que los hondureños tuviéramos la libertad de elegir nuestros médicos y las personas que administran nuestros fondos de retiro. Pero ese no parece ser el caso con los líderes de los partidos de oposición y algunos diputados oficialistas. Con un discurso incendiario y populista se han dedicado a acusar al proyecto de “privatizador” y usando el miedo como arma política lo acusan de buscar la eliminación de la salud pública en Honduras. En un documento firmado por Mauricio Villeda, presidente del Partido Liberal; el ex presidente Manuel Zelaya del Partido LIBRE; y Salvador Nasralla del Partido Anticorrupción, la oposición expresa que comparte la posición del Colegio de Médicos en rechazo a la Ley, porque de alguna manera entendieron que “desaparece la salud pública” como literalmente dice el documento.

Pero, ¿qué privatización?, me pregunto yo. Igual que en el sistema actual, la salud pública seguirá siendo financiada mediante aportaciones de impuestos de los contribuyentes que fondean al Presupuesto Nacional de la República. El cambio principal radica en que, para introducir competitividad, la nueva ley pretende reconocerle a los cotizantes su derecho de elegir quien administra sus aportaciones y a cual centro médico atenderá. Es un proyecto redistributivo de riqueza, que asigna más cargas a los empleadores y le otorga nuevos derechos adquiridos al trabajador, razón por la cual hay muchos puntos de legítima preocupación en cuanto al efecto que tendrá en las pequeñas y medianas empresas. Pero los líderes de la oposición parecen empecinados en mantener el status quo y en combatir el derecho de los cotizantes a decidir –si así lo desean– asistir a un centro privado en lugar de uno del IHSS. El pueblo hondureño necesita acceso a la salud, sin importar si el centro que lo provea es público o privado, y no verse limitado a los carentes centros públicos por cuestiones ideológicas.

Publicado originalmente en el 13 de Marzo 2015 en LibreMente, el blog oficial de elcato.org.


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